El pasado viernes, el Senado aprobó la Ley de Financiamiento
Universitario con 57 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención, tras
haber recibido también su media aprobación en la Cámara de Diputados.
La norma propone actualizar las partidas del Presupuesto 2023
(prorrogado por el Gobierno de Javier Milei) según la inflación
acumulada ese año (del 211,4%) y luego aplicar un incremento bimestral
de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC),
descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año. Según un
informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la iniciativa
implicaría para este año un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a
$738.595 millones.
A su vez, indica recomponer los salarios docentes y nodocentes del
Sistema Universitario Nacional, a partir del 1º de diciembre de 2023 y
hasta el mes de sanción de la ley por la variación acumulada de la
inflación informada por el INDEC durante dicho período. Desde el mes
siguiente a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre de 2024, el
Ejecutivo deberá actualizar los salarios de forma mensual y conforme a
la inflación informada por el INDEC.
Si bien el presidente Javier Milei ya dió a entender a través de sus
redes sociales que dicha Ley sería vetada, fue el vocero oficial de la
Casa Rosada, Manuel Adorni, quien confirmó este miércoles 18 que “va a
ser de manera inmediata la firma del veto”, en cuanto llegue al Poder
Ejecutivo.
Chan
